Macri y la “tolerancia cero”, a todo o nada

Por Carlos Burgueño

Buenos Aires

Obligado por las circunstancias, Mauricio Macri inauguró ayer una nueva etapa en su política económica: hasta las elecciones, y de manera innegociable, el norte será la estabilidad cambiaria y el máximo control inflacionario posible.

 Las dos vías para defender ambos objetivos serán la intervención indirecta sobre el precio del dólar dentro de la zona de no intervención, y la absorción a sangre y fuego de cualquier peso que esté circulando por la comarca monetaria interna, sin destino productivo.

Para lo primero se anunció ayer la aplicación de la nueva política de subastas diarias de u$s 60 millones (ver pag. 5). Se espera además que llegue antes de mayo la autorización por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la utilización de, al menos parte, del dinero del organismo para controlar al dólar, en días de histeria antisistema

Para lo segundo, aseguró ayer el titular del BCRA, Guido Sandleris, que no le temblará el pulso para convalidar tipos de intereses tan altos como requiera el mercado; además de restringir al máximo cualquier circulación de moneda doméstica.

La intención final es que para el 27 de octubre (cuando el jefe de Estado se jugará su reelección), los ciudadanos concurran al cuarto oscuro con una inflación inferior al 2% mensual y sin corridas contra el dólar amenazantes en la memoria. Y que el público esté convencido que ese tipo de estabilidad es la antesala para un nuevo programa de reformas estructurales que se aplicará cuando Macri sea reelecto; y que se comprenda, que de no aceptar este diagnóstico duro y recesivo, las consecuencias serían aún peores.

Corridas cambiarias seguidas de alzas temerarias del dólar, más inflación y una caída de la economía que se espiralizaría; serían los escenarios a los que los argentinos nos arriesgaríamos si no aceptáramos convivir con el ajuste extremo que vive la sociedad.

Sabe el jefe de Estado que pagará un precio alto. El principal costo será la dificultad extrema de la economía real para lograr una recuperación, aunque sea de manera austera. Especialmente duros serán los días que le tocará vivir al mercado interno. Sin financiamiento para el consumo y con expectativas limitadas para la expansión del poder de compra de los salarios (más allá de lo que aporten las paritarias, que sólo acompañarían este año la inflación), no habría por este costado expectativas para acelerar la salida de la recesión.

Lo que espera el gobierno es que los pocos sectores que escapan al panorama negativo; sean los que ayuden a algún tipo de expansión real y que se pongan al hombro al resto de economía. Se piensa, antes que ninguna otra actividad, en el campo y su poder creador de divisas.

Mirando la actividad primaria es que se elaboró el plan de fomento a la producción agropecuaria que Macri lanzó el miércoles pasado en Expoagro; y que se completó con las promesas enfáticas del fin de las retenciones 2.0 desde el año próximo, una medida que aún debe negociarse en el 2020 con los técnicos del FMI (los verdaderos impulsores de la medida).

Luego del campo deberían hacer su aporte la actividad petrolera, lo que se puede reactivar dentro de la construcción, y algún que otro rubro al que el tipo de cambio le permita exportar. Por ahora, no se podrá esperar mucho más de la estructura productiva argentina.

A varios de los rubros del listado del EMAE, lo único que les quedará será pelear por su supervivencia, hasta llegar a octubre y especular con un futuro mejor.

La atención máxima del gobierno es que dé resultado, de una vez, su estrategia antiinflacionaria. Más allá de los muy negativos datos de febrero presentados ayer por el ahora confiable INDEC, el ministerio de Hacienda confía en que su plan está funcionando.

La estrategia es la de concentrar entre enero y abril, todos los incrementos de costos que apalancan el alza de precios; en especial los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y el transporte. Según el cronograma oficial, el último incremento importante será el 27% de las tarifas de agua que se aplicará en abril; mes en el que se avalaría un nuevo ajuste en combustibles. Desde mayo el panorama ya estará despejado y sólo restaría un último ajuste de 4% ese mes y otro 4% en agosto en las tarifas de luz.

De esta manera todo el Excel elaborado por el gobierno para el incremento de servicios apelotonaría los aumentos tarifarios entre enero y marzo, aportando (según los datos del BCRA) un incremento en el IPC de 4,2% total. Luego, el índice estaría liberado, al menos de la presión de los servicios públicos.

Si se respetara este cronograma, al gobierno sólo le restaría trabajar sobre dos capítulos inflacionarios: las subas del dólar y las alzas estacionales, sobre las que poco hay para hacer.

En el caso del dólar, la intención es abastecer a destajo la oferta de divisas, pero con un control artesanal de la evolución del tipo de cambio. Se confía en Olivos en la vigencia de la Zona de No Intervención como marco general para la política cambiaria.

Pero comienza ya a reconocerse que los movimientos bruscos y diarios de la divisa atraen la atención del público y generan, cuando son constantes y alcistas como en las últimas semanas, zozobra en el votante. En consecuencia, el dólar, aunque aumente dentro de los límites pactados, debe hacerlo de manera manejable y con el menor espamento posible.

Las nuevas subastas de 1.000 millones de dólares mensuales y la posibilidad de actuar con fondos del FMI (si éste acepta negociar en abril), deberían ser herramientas suficientes para ejecutar ese control directo sobre el mercado cambiario. La otra clave para la contención de la divisa (y en consecuencia de la inflación) es la política monetaria de tolerancia cero llevada al extremo que el mercado presione.

Dejó en claro ayer Sandleris que el BCRA está dispuesto a convalidar un nivel de intereses en Leliq siguiendo las interpretaciones del mercado; dejando en claro que si estas son alcistas esa será la decisión oficial.

Según el informe del Comité de Política Monetaria (COPOM) publicado ayer, “la tasa reacciona endógena y rápidamente a las condiciones y expectativas del mercado, y así refuerza su sesgo contractivo ante aumentos en la tasa de inflación esperada o cambios en la percepción de riesgos”.

Como la inflación “continúa elevada”, el Copom “considera necesario reforzar el control sobre los agregados monetarios”. Dejó el claro el BCRA que el crecimiento de la meta de la base monetaria será 0; al menos hasta las próximas elecciones.

Por el lado del ministerio de Hacienda, la capacidad de maniobra y anticipación está llegando a un límite. Reconocen en la cartera de Nicolás Dujovne que fuera de la acción directa sobre el mercado cambiario, es poco lo que se puede hacer. Y mucho menos adelantar.

Ante la Casa de Gobierno, la única certeza que le puede garantizar hoy el ministro es estar convencido “que la inflación de este año será menor a la del año pasado”. + (PE/Ambito Financiero)

Artículo publicado en Ambito Financiero en su edición del 15 de marzo de 2019

SN 189/19

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